¿A quien no le habrá pasado que planificó los gastos para el supermercado y saliendo de la caja descubre una “sorpresa”? Un precio erróneo, mal cobrado y arrastrado a lo largo de la factura termina teniendo un impacto negativo en nuestra economía familiar. ¿Con que recursos cuenta el ciudadano de a pie para hacer frente a este problema?
En primer lugar, este problema es mucho más frecuente de lo que se cree, y aunque existen errores en el etiquetado de los precios, a veces nos encontramos con la malicia de algunos supermercadistas que aprovechan la desinformación respecto a precios y ofertas.
Por este motivo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para permitir que los usuarios filmen y fotografíen al interior de los comercios. El objetivo de esto es generar una nueva dimensión de control. Al control que ya ejercía el Estado de forma vertical, se le suma el control de los usuarios, de forma horizontal.
El proyecto -ahora ley a la espera de ser publicada en el boletín oficial- modifica el inciso d) del articulo 9° de la ley 4827 sobre “Exhibición de Precios en Supermercados y Autoservicios”. A partir de esto los puntos de venta no podrán prohibir que se grabe o fotgrafíe al interior de los comercios con el objetivo de tomar conocimiento acerca de precios y promociones.
Este proyecto, votado por unanimidad por la Legislatura Porteña, empodera a los usuarios, aumenta las responsabilidades de los vendedores y permite mayor transparencia a la hora de afrontar la confección de la economía hogareña.
Así los ciudadanos cuentan ahora con una herramienta más para poder comparar precios. Elegir donde comprar y donde no. No se trata unicamente de la marcación de precios sino que también implica garantizarle al usuario que obtendrá el precio que mejor se adapte a sus necesidades. Comparar, registrar y analizar como evolucionan los precios a través del tiempo son acciones imprescindibles a la hora de pensar la administración de cualquier hogar.
De esta forma Estado y ciudadanía suman esfuerzos para lograr una mejor atención y una competencia efectiva en el rubro. Con este proyecto garantizamos un control en varios niveles de los principales supermercadistas y las cadenas de distribución. De esta forma se incorpora al público en el ejercicio de la ciudadanía y de sus derechos. Estamos garantizando la protección de las economías familiares brindando una nueva herramienta y nuevas responsabilidades a los usuarios, ampliando los derechos de cada uno de los ciudadanos para evitar los abusos que se puedan cometer.
Esta es solo una pequeña acción, muy concreta, que sirve de ejemplo sobre el tipo de políticas que pueden aplicarse para mejorar sustancialmente la calidad de vida de los porteños y la transparencia en el sector privado. Precisamos más acciones así, de cara a los vecinos. Que incorporen a la comunidad en la toma de decisiones, que vuelva a los vecinos agentes de cambio y responsables entre sí.
