La pandemia nos mostró que los héroes existen y están entre nosotros. Son los profesionales de la salud, los trabajadores de supermercados y todos aquellos que arriesgan su bienestar con tal de que el aislamiento sea tolerable.
Aún así, muchos de estos héroes sin capa llegan a sus hogares y descubren carteles o notas de vecinos instándolos a abandonar su residencia para así evitar el contagio. Es paradójico que cuando más son necesitados en la esfera pública a la vez son rechazados en su esfera privada.
El martirio es doble para los trabajadores de mensajería, sobre todo aquellos que operan bajo empresas como Rappi o Glovo. No solo deben exponerse a un eventual contagio en el cumplimiento de sus tareas, también son explotados laboralmente.
Los trabajadores de mensajería deben enfrentarse así a dos avatares: la pandemia y la precarización. Estos trabajadores que arriesgan su vida lo hacen sin seguro médico, sin poder organizarse y sin derechos fundamentales que cualquier trabajador ya goza. El principal argumento de las empresas que prestan el servicio es que no contratan empleados, sino que recurren a “colaboradores” que desean obtener un ingreso extra a fin de mes. Sin embargo, resulta evidente que estos colaboradores son mucho más que ello.
Esta situación termina siendo permitida y avalada por un Estado que los declara como esenciales dotándolos de los permisos de circulación, convirtiéndolos en eslabones claves de la cadena de distribución, pero que al mismo tiempo viene postergando los debates que permitirían una legislación de su tarea.
En una investigación realizada por CIPPEC se relevó a los “colaboradores” de este tipo de empresas, en la mayoría de los casos, no realizan otro tipo de actividades y que de hacerlas la mayor parte de sus ingresos proviene de su relación con empresas de mensajería.
A su vez, al no estar registrados como trabajadores las empresas se excusan de tener que realizar ciertos aportes o contribuir con seguros o prepagas de salud. En el contexto de una pandemia global estar desamparado en términos sanitarios debe ser de las peores cosas que puede ocurrir.
Cuando recién aparecía el covid-19 en nuestro país trascendió a la prensa que los trabajadores de estas aplicaciones reclamaban elementos mínimos para su seguridad y los clientes. Elementos como tapabocas, guantes y alcohol en gel no eran provistos por los empleadores poniendo en riesgo no solo a quienes brindan el servicio, sino que también maximizando el riesgo de contagio en un momento crucial de esta crisis.
La solución no es ni por asomo prohibir y clausurar estas empresas. Como ya dijimos, para muchos de sus trabajadores el ingreso que perciben a través de ella es mayoritario en sus economías. La mayoría de las personas que optan por trabajar en estos servicios promedian los 38 años, el 90% finalizo sus estudios secundarios y casi el 40% tiene estudios superiores.
Lo que es crucial a partir de aquí es poder articular un sistema que garantice y proteja los derechos de estos trabajadores. Que sean reconocidos como tales y que gocen los beneficios de cualquier trabajador registrado.
Hoy es el Estado quien guarda una deuda con estos trabajadores. Por un lado, ha declarado su actividad como un servicio esencial. Por el otro, da vuelta la cara ante sus reclamos por condiciones de trabajo mínimas e indispensables. Tampoco legisla sobre su situación laboral y habilita una judicialización que solo trae letargo sobre una decisión que debe ser justa y definitiva.
La pandemia ha despertado sentimientos de empatía muy fuertes entre nosotros. Sería positivo que podamos movilizar la misma en función de quienes hoy ponen en riesgo su salud para garantizar que el día a día sea un poco más ameno.
En este momento de crisis muchos han encontrado en el servicio que brindan estos mensajeros casi salvadores. No solo entregan algún eventual delivery. Acercan medicación a jubilados, llevan comida a quienes no pueden desplazarse e incluso acercan demostraciones de cariño entre quienes hace demasiado no pueden verse.
La pandemia no mostró la importancia que estas tareas efectivamente tienen. La mejor recompensa que pueden recibir es poder gozar de sus derechos.