Esta semana nuestro país dio un paso en una dirección equivocada. Iniciamos el largo camino por una espiral de violencia que solo promete volverse peor. Hace pocos días a través del boletín oficial se habilitó a las fuerzas de seguridad a disparar contra cualquier “peligro inminente” abriendo un debate que dejara muchas heridas.
No creo que el debate en sí sea perjudicial, si creo que apresurar esta medida es un ejercicio estéril. Este nuevo protocolo incorpora con una vaguedad enorme las distintas situaciones en las que un agente de seguridad puede disparar contra otro individuo. Menos responsabilidades para los oficiales y más peligros para el ciudadano de a pie.
Sería absurdo querer tapar el sol con un dedo y decir “Argentina no tiene un problema de seguridad”. Argentina tiene un grave problema con la seguridad, no solo desde la delincuencia, sino que también desde el control de esta. Querer sanear este problema simplemente con una mayor libertad para tirar de un gatillo no es más que brindar una solución a medias. El problema actual reside en una progresiva desactualización de las Fuerzas de Seguridad, seguido al crecimiento de la brecha de pobreza. Vivimos en un mundo moderno de countries, smartphones y drones, pero seguimos eligiendo defendernos con ramas y piedras.
Ante la avanzada de la criminalidad (y sus organizaciones) las Fuerzas de Seguridad se han visto desbordadas a la hora de cumplir su función y han encontrado que resulta en algunas ocasiones mucho más fácil ceder ante el crimen que combatirlo. Tanto es así que como argentinos hemos experimentado algunos de los ejemplos más terribles de perversión humana tales como el abuso de las fuerzas de seguridad sobre jóvenes marginalizados para forzarlos a delinquir y recolectar alguna forma de tributo.
En este escenario que se dibuja, quiero creer, hay quienes todavía creen en la justicia. Sin embargo, el desatino de los gobiernos locales y nacional, la falta de recursos, los intereses cruzados y la falta de formación especializada han forzado a estas personas a optar por un camino más corto: el gatillo fácil.
La experiencia argentina con las fuerzas de seguridad ha sido traumática. Investigadores describen la tortura y tratos inhumanos ligados al servicio militar casi desde la creación de nuestro Estado. Las distintas experiencias golpistas que iniciaron en 1930 sientan un terrible precedente para las distintas fuerzas, y el eventual desarme y desarticulación de estas en los años 90 les han convertido, por momentos, en bandas de matones a sueldo, sin recursos, sin logística y sin la formación que le corresponde a quienes deciden arriesgar su vida por el ideal de justicia.
Debemos reconocer que muchas veces las redes criminales cuentan con la connivencia de las fuerzas de seguridad y actúan de forma sincronizada. Darle mayor poder de fuego a uno de los eslabones de esta cadena criminal implica fortalecer a las organizaciones que actúan al margen de la ley.
Quiero poder confiar en las fuerzas de seguridad, para eso están. Quiero poder sentirme protegido en mi casa, en la vía pública, cuando voy a la oficina o cuando participo de una marcha. Hoy no es así y tampoco creo que esta medida nos lleve a ese destino. Lo único que logramos con esto es crearles a los argentinos una preocupación más, la de que por un desatino nos peguen un tiro.
Esta nueva resolución por el momento es muy contestada. Sobre todo, porque requeriría una modificación del código penal y porque no constituye una solución a largo plazo. Es sobrada la bibliografía en Derecho Internacional que desalienta este tipo de prácticas y recomiendo a quienes disfruten esta lectura consultar la posición de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad[1].
Una de las deudas de nuestra democracia es que nunca pudo dar un debate sobre cuál sería el rol de las fuerzas de seguridad. No se trata de buscar culpables ni levantar dedos acusadores, en los 80 la amenaza golpista era mucho más patente que ahora, sin embargo nos dejó una deuda que todavía no podemos saldar. Tenemos que pensar que en el 83 conquistamos la democracia y con ella logramos dar amparo a los Derechos Humanos, aquellos derechos que son indisolubles de la existencia del individuo, que garantizan una vida digna y plena. Hoy, de la mano de estas políticas, volvemos al pasado y discutimos acerca de cómo podemos atentar contra la vida del otro. Así perdemos el objetivo y nos olvidamos que en el centro de esta discusión está la vida misma, la existencia efectiva de cada uno de nosotros. La lucha contra el crimen organizado no puede estar determinada por buscar igualar los niveles de violencia: “ojo por ojo quedaremos todos ciegos”. Esta lucha tiene que protagonizarla el Estado con nuevas estrategias orientadas a la prevención y el mejoramiento del Estado. Es fundamental rescatar que en nuestro país ni el Estado, ni un juez, ni un policía, ni nadie, pueden erigirse como aquél que decida entre la vida y la muerte.
Necesitamos poder actuar en tándem, con políticas macro y políticas micro. Creo que tenemos que bregar por fuerzas de seguridad mejor formadas, remuneradas, profesionales y debidamente equipada, que puedan lidiar con la responsabilidad que implica nuestra seguridad. Al mismo tiempo debemos luchar contra las organizaciones criminales que aprovechan cada grieta para poder filtrarse y provocar daño. Sin embargo, esto no servirá de nada sino tenemos un paquete de políticas orientadas hacia la inclusión. Creo que el problema más profundo es que no tomamos dimensión de que al final del día somos parte de un mismo grupo, que no somos tan distintos y que cualquier de nosotros puede terminar como una víctima del gatillo fácil. Tenemos que volver a encontrarnos como argentinos. Descubrir que no somos tan distintos unos de los otros y que tenemos mucho más que ver de lo que nosotros queremos creer.
No quiero políticas hechas para la tribuna, creo que nadie quiere. Quiero políticas de Estado consensuadas con todo el arco político y que nos lleven a mejorar nuestra calidad de vida. Querer afrontar un problema solo por una de sus aristas no es enfrentarlo realmente sino es ponerle un parche por un tiempo determinado. Hoy esta decisión es tapa en los diarios, mañana dejara de serlo, como también dejaran de serlo los miles de inocentes muertos a manos de un “error” de un agente de seguridad.
[1] http://www.defensoria.org.ar/noticias/sobre-la-resolucion-956-del-ministerio-de-seguridad-de-la-nacion-y-el-uso-de-armas-de-fuego/
