Limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, una deuda
¿Sabías acerca de la existencia de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)? Su finalidad es formular y ejecutar el plan integral de saneamiento ambiental de dicha cuenca.
Como responsables de llevar adelante las acciones y las obras de saneamiento de la cuenca, sus objetivos son:
1) Mejora de la calidad de vida de las/os habitantes de la cuenca
2) Recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo)
3) Prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción.
ACUMAR fue creada como resultado de un proceso judicial conocido como la causa Mendoza, una demanda contra el Estado Nacional, la Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, reclamando la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Posteriormente,la misma se amplió hacia los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la Cuenca Matanza Riachuelo.
Los/as ciudadanos/as que viven en las márgenes de la cuenca o con la cercanía suficiente para verse damnificados/as por las inundaciones, los olores o las diversas problemáticas ambientales vinculadas al riachuelo esperan desde 2008 a una efectiva resolución de sus problemas.
Ya en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos porque es fundamental para la vida misma.
A su vez, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua, estableciendo que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”, definiendo el derecho al agua “como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.”
Según la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, solamente el 80% de la población argentina tiene acceso a agua potable y un 56% a saneamiento.
En los barrios populares, el acceso formal a servicios de agua y cloacas alcanza sólo al 11,6% y al 2,5% de los habitantes, respectivamente.
El acceso a agua potable que sea suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible, es un Derecho Humano, no debería convertirse en un privilegio.
Tenemos que pensar en modelos de producción sustentable que no impliquen contaminación permanente, evitando así recaer en instituciones como ACUMAR, la cual surgió para buscar una solución a una problemática grave cuyo panorama hoy -14 años después- parece solo responder a intereses políticos y monetarios.
