Luego de perder el estado parlamentario por tercera vez, en 2022 se presentará nuevamente el proyecto de ley sobre la respuesta Integral al VIH, hepatitis virales, la tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual.
Si bien cuenta con el respaldo de todos los sectores políticos, tanto desde el oficialismo, como desde la oposición admiten que hay “falta de voluntad política” para su sanción.
Uno de los principales objetivos del proyecto de ley es darle al VIH un enfoque social, haciendo énfasis en el trabajo en contra de la discriminación y la estigmatización evitando centrarse solamente en los aspectos médicos.
El mismo se plantea sobre la base de la Ley N° 23.798, la cual fue sancionada en 1990 y que declaró de interés nacional a la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), centrándola como una problemática de salud neta.
Con el fin de actualizar la misma, el nuevo proyecto de ley presentado brinda un enfoque más generalizado. Planteando derechos sociales relacionados de la salud y las situaciones de vulnerabilidad social. La propuesta legislativa busca:
- Garantizar el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de las personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS.
- Realizar acciones que fomenten la inclusión real en el ámbito laboral ya sea en el ámbito público como privado.
- En ningún caso se podrá realizar actos como despidos, hostigamiento, suspensiones, reducciones salariales, cambios de puestos, violación de su confidencialidad, o cualquier otra forma u acto de discriminación.
- Se plantea sobre la base del diálogo social que empleadores/as, trabajadores/as y Estado deberán desarrollar una Política Nacional sobre VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS en los lugares de trabajo, promoviendo la empleabilidad e impulsando el acceso universal para la prevención, asistencia integral y no discriminación.
- En cuanto al ámbito laboral se prohíbe en todos los casos la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales, Tuberculosis y otras ITS en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso o parte de la relación laboral.
- Se propone pensiones de carácter vitalicio y no contributivas con el fin de que puedan acceder a una ayuda económica, aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad social.
- Establecer un régimen jubilatorio en personas con VIH y Hepatitis B y C, que al momento de solicitar el mismo hayan cumplido los 50 años de edad, se acrediten 20 años de servicios con aportes computables y 10 años o más desde su diagnóstico. Pudiendo presentar una moratoria aquellas personas que no cumplan con dichos requisitos establecidos.
- En cuanto a los derechos de los niños/as de todo hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad para gestar con VIH y/o Hepatitis B y C con derecho a nacer, se les garantizará de manera gratuita y de acceso universal, la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.
La discriminación laboral sigue estando presente en la vida de las personas con VIH y se hace notoria la obsolescencia de la ley actual. Es necesaria no solo su actualización sino la suma de aquellas infecciones que hoy no cuentan con un respaldo por parte del Estado ante el incremento de las mismas y, por sobre todo, en un contexto de pandemia y crisis que no permitió ni permite a muchas personas llevar a cabo sus controles médicos.
