En las últimas semanas el congreso de la nación trató dos polémicos proyectos relacionados a la energía: El de la ampliación de las zonas frías y el de una nueva ley de biocombustibles. Aquí pongo mis notas al respecto:
ZONAS FRIAS
El recientemente aprobado proyecto de zonas frías amplió la cantidad de localidades incluidas en el régimen de tarifas diferenciadas de gas. Según estimaciones oficiales la ampliación beneficiara a más 3 millones de hogares y alrededor de 4 millones de personas con descuentos del 30% de la tarifa (al que se le puede adicionar otro 20% por la tarifa social).
La medida en cuestión no tiene solidez técnica ni fiscal. “El congreso está de fiesta, terminemos con los agoreros que hablan de temas técnicos. Esta es una ley de la política.” Esto mismo fue lo que celebró el diputado nacional José Luis Ramón en plena sesión del congreso mientras ondeaba orgulloso una frazada.
El proyecto tendrá un costo fiscal de al menos 3000 millones de pesos. Incluso antes de que se aprobara el proyecto los subsidios a la energía ya representan el tercer gasto más importante del presupuesto nacional. Hasta abril del 2021 los subsidios en energía representaron el 7.4% de los gastos corrientes, por dar un ejemplo esto es más del doble de lo que se destina a universidades nacionales.
Pero sin duda la peor característica del proyecto es el hecho de que estos subsidios son sumamente regresivos, es decir benefician mayormente a hogares de los deciles más elevados. Según los datos oficiales solo el 88% de los nuevos hogares calificaría para recibir la tarifa social, lo cual indica en buena medida que no se tratan de hogares de ingresos bajos.
Esta injusticia se debe principalmente a la forma en que el proyecto discriminación entre las regiones del país. Lógicamente la mayoría de los subsidios se destinan a hogares del sur, pero sin embargo la mayoría de los hogares pobres se encuentran en el norte. Esto significa que en los hechos el proyecto hace que hogares pobres financien con sus impuestos o con inflación el consumo energético de hogares de clase media y clase alta.
Esto incluso ocurre dentro de las provincias, como se observa en el caso de la provincia de Buenos Aires donde la tarifa diferenciada no alcanza a los hogares del conurbano, pero si a 47 municipios del interior de la provincia. Nuevamente, en los hechos vemos que los hogares de la Matanza financiaran el consumo eléctrico de los hogares de Pinamar.
Además, el proyecto también discrimina a aquellos usuarios que no están conectados a la red de gas y utilizan garrafas, que suelen ser los sectores más pobres del país. Esta es solo otra de las formas a través de las cuales serán los pobres de argentina quienes paguen el costo de esta medida.
Otro grave error técnico es que el descuento no tenga relación alguna con el nivel de consumo, esto hace que el beneficio funcione como un incentivo a consumir lo máximo posible. Debería ponerse topes al volumen consumido al que se le aplica la tarifa diferenciada, o al menos una escala progresiva de descuentos. Tampoco se limita el descuento a los 4 meses fríos del año, por lo que en el verano también se estará financiando el uso de aire acondicionado.
Lo cierto es que el corte de zonas frías planteado por el proyecto es muy burdo. Con las capacidades tecnológicas actuales en materia de datos, no hay excusa para que el sistema de diferenciación de tarifa no este dirigido a quienes mas lo necesitan.
BIOCOMBUSTIBLES
En mayo de este año venció el plazo máximo de vigencia para la ley 26.093 de promoción de biocombustibles sancionada en el 2006 por iniciativa de Nestor. La misma entró en vigencia en 2011 y reconocía a los biocombustibles como una industria incipiente y apuntaba a crear regímenes de fomento para impulsar el sector.
Desde la sanción de esta ley se ha desarrollado en nuestro país ( en particular en las regiones del centro-norte) un entramado productivo para esta industria verde. Argentina cuenta actualmente con 54 plantas de biocombustibles repartidas en 11 provincias:
- 7 plantas de bioetanol a base de maíz, de las cuales 4 se encuentran en Córdoba.
- 34 plantas de biodiesel de las cuales 16 se encuentran en Santa Fé.
- 13 plantas de bioetanol a base de azúcar, de las cuales 8 se encuentran en Tucumán.
En respuesta al vencimiento de la ley vigente el oficialismo presentó un nuevo proyecto que es significativamente distinto al del 2006. En particular, este nuevo régimen baja los cortes establecidos para la nafta y el gasoil. las refinerías están obligadas a cortar los combustibles nafta y gasoil con biodiesel y bioetanol. Al ser obligatorio esto crea un piso para la demanda y esto a su vez impulsa el recambio progresivo de la matriz energética. Reducir estos cortes es un gran retroceso, ya que son el principal fomento para la producción de biocombustibles, incluso mas que los beneficios impositivos.
El proyecto de ley establece:
- Una reducción en el corte de biodiesel a base de aceite de soja para gasoil del 10% al 5%, con un nuevo mínimo de 3% si la autoridad de aplicación lo dispone.
- Mantiene el corte de bioetanol a base de maíz para la nafta en un 12% pero establece un nuevo piso de 9%.
- Mantiene el corte de bioetanol a base de azúcar en un x%, sin modificar el piso.
Esto no respeta el principio de progresividad establecido en la Ley General de Ambiente, que establece que el esfuerzo hecho por el Estado en cuanto a la protección del ambiente no puede disminuir, sino que debe ser cada vez mayor. La reducción de los cortes es un retroceso en términos ambientales ya sea en relación a compromisos internacionales, al recambio de la matriz energética o a la baja de emisiones de CO2.
Existen también una serie de graves problemas relativos a los atributos que la ley le otorga a la autoridad de aplicación. En primer lugar, la ley le otorga a la autoridad la capacidad de fijar precios discrecionalmente en el mercado de los biocombustibles, como si se tratase de un cuadro tarifario. Esto significa que los precios no tendrán por ley ninguna relación directa con los costos o la rentabilidad de la producción, las cuales deberán ser adivinadas a ojo por la autoridad de aplicación.
Además, la ley pone un tope al tamaño de las productoras de biocombustibles. Esto se justifica con la excusa de que es para fomentar pymes, aunque de las empresas actuales tan solo 25 quedan incluidas dentro de este régimen. Esto es un resultado del artículo 6, el cual impide a las pequeñas productoras de biodiesel que aumenten su capacidad de producción a las 50 mil toneladas anuales, y también prohíbe que se instalen nuevas empresas que lo hagan. Esto quiere decir que las únicas que pueden producir más de 50 mil toneladas son aquellas que lo hacen actualmente. Por lo que se saca del juego a las pymes y se le prohíbe la entrada a nuevos actores.
