Solo por detrás de India y Brasil, Argentina es el tercer país con mayor cantidad de nuevos contagios por COVID-19. Además, es el país es líder en decesos por día y por millón de habitantes: según registros del sitio especializado Our World in Data, contabiliza 16,46 muertes por COVID-19 por millón y supera a Brasil, que registra 11,82 por millón.
Es por esto que a partir del último sábado a las 00 hs, después de una semana en la que se registraron alrededor de 33 mil casos positivos diarios y llegando a los 3.562.135 de contagios y a las 75 mil muertes por COVID, Argentina entro nuevamente en un periodo de aislamiento social obligatorio, es decir, retorno a la fase uno de la cuarentena después de casi 6 meses.
Si bien la cantidad de contagios y de muertes diarias abalan que la medida fue y continúa siendo necesaria, cabe preguntarnos lo siguiente: Luego más de un año de comenzada la pandemia, y con una vacuna ya descubierta y en pleno proceso de masiva producción, esta vuelta a la fase 1 ¿Es una medida necesaria que se debía aplicar en cualquier circunstancia o es producto de la pasividad y falta de eficacia del Gobierno Nacional para gestionar Políticas Públicas de vacunación y educación ciudadana para combatir los contagios?
Al día de hoy, nuestro país registra una tasa de vacunación del 19,4% con una dosis, y un 5,4% con ambas dosis. Estos números distan mucho de los prometidos por el Ministerio de Salud a principio de año, y son altamente llamativos si los comparamos con otros países de la región como Chile, quien tiene al 40% de su población vacunada completamente y al 50,8% con al menos una dosis.
Otro debate a tener en cuenta es el remarcado por los expertos desde el comienzo de la pandemia: el diagnostico. Nuestro país comenzó su cuarentena a fines de marzo, y días antes el Ministro de Salud aseguraba que virus no llegaría hasta mediados de año. Luego de esto, los testeos realizados por el Gobierno Nacional resultaron insuficientes, y con ello la baja o nula capacidad de realizar el seguimiento de aislación de aquellas personas contagiadas como hicieron con eficacia países como Corea del Sur. Además, cabe mencionar el tiempo transcurrido entre el comienzo de la pandemia, allá por marzo de 2020, y el comienzo de esta 2° cuarentena, donde han pasado aproximadamente 420 días, y la solución por parte del Estado Nacional parece ser la misma: cuarentena obligatoria.
Por otra parte, hace falta remarcar la actitud de los gobernantes de nuestro país, quienes se han mostrado más pendientes de agrandar la brecha política pesando en las venideras elecciones legislativas, que enfocarse 100% en afrontar de la mejor manera el panorama socio-sanitario del país. Esto sin mencionar que sus ideologías particulares nos han privado de contar con mayores afluentes de vacunas provenientes de laboratorios no alienados a su esquema político, como es el caso de Pfizer.
Es decir, a más de un año de comenzada la pandemia, Argentina se ubica entre los países más castigados del mundo por esta enfermedad. Llevamos 13 meses a lo largo de los cuales se han repetido errores de diagnóstico que impidieron hacer los cambios sustanciales que este contexto requería. Todos estos hicieron que nunca se ensayase una estrategia de supresión de la circulación viral con tolerancia cero al virus, mediante testeos masivos, trazabilidad y aislamiento, una frontera sanitaria sólida, el desarrollo de tecnología para la trazabilidad, y un sistema sofisticado de vigilancia epidemiológica.
La salud es un derecho humano inalienable, y es el Estado el encargado de asegurar que sea efectivo. No podemos pagar los argentinos los errores de diagnóstico y contiendas políticas electoralistas y geopolíticas de nuestros gobernantes, mientras los ciudadanos sufrimos las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que la cuarentena estricta implica.
La política debe estar a la altura de las circunstancias, y la agenda del congreso no debe ser la de modificar poderes que no son urgentes en este contexto, y que su optima realización conlleva una discusión mucha más profunda de la que se intenta imponer, sino convocar al dialogo con la oposición para garantizar estos derechos, diagnosticando y proponiendo soluciones reales a la crisis sanitaria y económica que atravesamos.
