Formosa es la única provincia argentina cuyos habitantes no tienen permitido aislarse en sus domicilios. El aislamiento se realiza forzadamente en las escuelas, gimnasios y estadios que la provincia utiliza como Centros de Atención a La Salud (CAS). Según cifras oficiales en estos centros se encuentran actualmente alojados algo más de 2.000 formoseños. Los mismos se encuentran vigilados las 24 horas por fuerzas policiales. Familias enteras son detenidas en cualquier momento del día y sin previo aviso con la única justificación de la existencia de un contacto estrecho positivo.
Estos ciudadanos (dentro de los cuales se encuentran ancianos y niños) están siendo detenidos y confinados de forma ilegal y arbitraria contra su voluntad por más de 30 días. Esto representa un avasallamiento innegable de sus derechos constitucionales. Algunos permanecen detenidos a pesar de haber obtenido resultados negativos en el hisopado, en algunos casos hasta 5 veces consecutivas. En otros casos incluso se les niega el conocimiento de los resultados
Por otro lado, los detenidos son confinados en condiciones de hacinamiento y expuestos al contagio en una situación de falta de higiene, ventilación y alimentación de calidad. No se cuenta con personal de salud suficiente, ni con ningún tipo de asistencia de salud mental. No hay privacidad ni intimidad alguna, y no existen espacios separados por edad o género. Algunos niños llegaron a estar 40 días sin ver la luz del sol.
El caso más representativo es el del estadio bicentenario el cual albergaba a 300 personas contando con tal solo dos baños, sin un comedor y sin lugares para cambiarse la ropa de forma íntima y digna. Afortunadamente el estadio fue vaciado justo antes de la visita del Secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Todas estas violaciones de derechos son aún más intensas cuando se trata de las comunidades wichis. Allí los traslados compulsivos de gente en el medio de la noche son moneda corriente. Estos se realizan sin brindar información alguna sobre el paradero de las familias trasladadas, el cual sigue siendo desconocido en algunos casos. Este tipo de atropellos son usuales en Formosa, el año pasado por ejemplo un grupo de aborígenes wichí denunció que el intendente de la localidad de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, les quitó el DNI a unos 2000 aborígenes de ese departamento. “El nos encierra y el día de la elección nos devuelve el documento con el voto y nos acompaña hasta la urna; siempre fue así, esta es la primera vez que protestamos”.
Estas tampoco son las unicas medidas anticonstitucionales que el gobierno de Formosa realizó durante la pandemia. Recordemos que durante el año pasado más de 8000 formoseños estuvieron varados sin poder regresar a su provincia durante tres meses. Uno de estos casos fue el de Mauro Ledesma, quien murió ahogado tratando de cruzar el rio Bermejo para ver a su familia. Finalmente fue la Corte Suprema quien tuvo que intervenir para habilitar el acceso a la provincia.
Lo cierto es que muchos formoseños temen oponerse abiertamente al gobierno de Gildo Infrán. Aquellos que se atreven hablar son arrestados por desacato a la autoridad o ven su domicilio allanado por las fuerzas de seguridad. Tales son los casos de las concejalas Celeste Ruiz Diaz, Gabriela Neme y del médico Héctor López Cano. A pesar de esto varias denuncias fueron realizadas contra el gobierno de Formosa, también se presentaron dos Habeas Corpus (de los cuales se hará cargo la Justicia Federal de Formosa) y un pedido de informe de parte de la ONG Amnistía Internacional. Asimismo, estos hechos están recibiendo una cobertura mediática internacional por diarios como Le Monde.
En base a estas denuncias es que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla realizó la semana pasada una misión para comprobar si efectivamente se están cometiendo violaciones contra los derechos humanos. La misma consistió en visitas a centros de detención, hablar con autoridades, denunciantes, opositores y ONG.
Luego de su visita el secretario afirmo que “detectaron violencia institucional en Formosa” pero que sin embargo “no existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. Asimismo, tildó algunas de las denuncias de ser “un chiste” y alabó las condiciones de vida de los centros de detención diciendo que “Están con aire acondicionado y la comida es muy buena” (sic).
Estas declaraciones son vergonzosas y dejaron en claro que la figura del secretario no cuenta con suficiente autonomía como para denunciar violaciones cometidas por el gobierno de turno. Es imperativo contar con una figura que no esté obligada a responder a nadie, cuyo cargo no pueda ser reemplazado fácilmente, con legitimidad procesal y con los fueros necesarios como para hacer frente a gobiernos nacionales o provinciales. Este cargo existe hoy, pero está vacante hace más de 10 años y es el del Defensor Del Pueblo de la Nación.
Los derechos y las garantías individuales deben respetarse en todo momento, especialmente en tiempos complejos como los actuales. La búsqueda de la salud pública y del bien común no puede ser usada como excusa para cercenar derechos y aplastar libertades individuales. Es el deber de los gobernantes buscar un equilibrio entre salud y libertad que no se apoye únicamente en el papel del Estado, sino también en las responsabilidades individuales y en la construcción de ciudadanía.
