Celebro enormemente la adhesión de nuestro país al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o mejor conocido como acuerdo de Escazú.
Este acuerdo apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Esto, en un marco donde los proyectos petroleros y mineros, la deforestación para expandir las fronteras agropecuarias para garantizar la alimentación del ganado, los conflictos por el agua y el riesgo que corren los defensores de derechos ambientales y humanos en la región, son solo algunos de los problemas socioambientales más grandes que atraviesa nuestra región.
Para cambiar esto tenemos una oportunidad única con la firma del acuerdo de Escazú, el cual busca prevenir y disminuir los conflictos socioambientales en la región, comprometiendo a los países a que garanticen a la ciudadanía 3 derechos imprescindibles:
· Acceso a la información
· Participación ciudadana
· Acceso a justicia en materia medioambiental
Esto es fundamental ya que la protección del medio ambiente debe ser entendida como prioritaria desde la realidad cotidiana de cada persona. Y esto solo es posible a través del acceso a la información pública, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y el acuerdo de Escazú, surge como una herramienta jurídica que garantice todos estos derechos.
¿Que establece?
· Cualquier persona puede solicitar información medioambiental al Estado, y este debe responder de manera comprensible y en un plazo máximo de 30 días.
· Cualquier acción que tenga consecuencias en el Medio Ambiente, debe ser consultada previamente con los pobladores afectados.
· Las personas que vean vulnerados sus derechos con respecto al desarrollo medioambiental, obtendrán mecanismos accesibles para resolver esos conflictos
· Garantiza la protección integral de los actores ambientales.
Con su implementación, se abre la oportunidad de iniciar una nueva etapa en nuestra región para la defensa del medio ambiente ya que busca aumentar la participación ciudadana en lo que respecta a las decisiones políticas en cuestiones ambientales, y darle voz a las comunidades que no son tenidas en cuenta, cuya participación es casi nula y no existe transparencia alguna ni acceso a información pública ni tampoco existen jueces especializados en temas socioambientales.
Además, este acuerdo consiste en una avanzada con respecto a la consolidación de de los derechos humanos, ya que es el primer tratado a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales. Según el Global Witness América Latina es la región del mundo con mayor índice de peligrosidad para estos grupos: 212 defensores ambientales fueron asesinados en 2019. Además, en promedio, desde 2015 cuatro ambientalistas fueron asesinados por semana.
Además, el acuerdo de Escuazú nos brinda un marco para la generación y acceso a la información pública mejorando su calidad, capacitando a los funcionarios y promoviendo su difusión.
El acuerdo establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional, promueve la creación de capacidades, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece mecanismos para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.
Su característica vinculante, implica la obligatoriedad de su aplicación para aquellos países que finalmente lo ratifiquen, para así garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo. Las implicaciones del acuerdo de Escuazú son enormes, ya que apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
