Junto a Carlos Palmiotti nos reunimos con el departamento de Pequeñas y Medianas Industrias y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina para discutir sobre el desafiante momento que atraviesa el sector y de qué formas la Defensoría puede acompañar a estas empresas. En representación del Departamento participaron el Vicepresidente Diego Leal, el Secretario Julián Benítez y el jefe de departamento Francisco Abramovich.
Las Pequeñas y Medianas Industrias representan un 60% del empleo industrial argentino. Sin embargo, son las empresas que más problemas tienen para lograr acceder a créditos, a relajamientos tributarios y al apoyo de paquetes fiscales.
Muchas de las medidas de apoyo impulsadas desde el Estado por la pandemia no logran llegar a estas PyMEs de forma sistemática y confiable. El criterio para la recepción de los créditos a tasas de entre 0% y 24% no está bien explicado y fue definido desde la UIA como “aleatorio”. En la misma línea, muchos de los puntos del programa ATP tampoco lograron definir criterios claros para focalizar a las empresas más golpeadas lo que llevó a que existan problemas sistémicos para el acceso.
Desde la UIA también notaron que cuando desde el Gobierno se construyen políticas para PyMEs se focaliza a las no industriales. Las llamadas PyMIs tienen problemáticas distintas, por ejemplo en su matriz de costos o en el tamaño de facturación.
Acorde a lo que señalan la mayoría de las cámaras empresariales, desde la UIA indicaron que el pago de tarifas por servicios públicos es una de las principales dificultades de pago que encuentran la mayoría de los pequeños productores argentinos. En particular, resulta sumamente injusto el uso de picos máximos para estimar el uso mensual de energía por parte de empresas de servicios energéticos, especialmente en tiempos donde la producción cambia mucho entre un día y otro.
En materia tributaria se señaló la necesidad urgente de que se implemente una moratoria, de lo contrario muchas de las empresas que lograron sobrevivir a la pandemia se verán obligadas a quebrar. Asimismo, desde la UIA registran centenares de empresas a las cuales AFIP y AySA no les depositan (ni capitalizan) los saldos positivos.
Finalmente se discutió sobre los controles e inspecciones que el Estado está realizando a locales de distinto tipo, especialmente en la Ciudad. Plantearon que este no es el tiempo ni el lugar para perseguir a los productores y comerciantes que están al borde de perder sus negocios. Criminalizar la actividad comercial no es una solución, debe darse paso al diseño de políticas sanitarias que complementen la normalización de la economía.
