“El cultivo de los árboles, conviene a un país pastoril como el nuestro, porque no solo la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse un complemento indispensable. (…) La Pampa es como nuestra República, tala rasa. Es la tela en la que ha de bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ella ¡Árboles! ¡Planten árboles!“, enunció Domingo Faustino Sarmiento, pionero y principal impulsor de la actividad forestal en nuestro país en sus años como presidente. Luego, en 1900, por iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, el Consejo Nacional de Educación estableció al 29 de agosto como el Día Nacional del Árbol en nuestro país.
En la actualidad, este día se celebra con el fin de generar conciencia en la lucha contra el cambio climático y la importancia de los arboles en su desarrollo, como proveedores de oxigeno, purificadores de nuestro aire y contenedores de gases del efecto invernadero, entre otras funciones. Sin embargo, el 2020 nos encuentra, tanto a lo largo de nuestro país como en la Ciudad de Buenos Aires, en un estado bastante peor del que desearíamos:
Desde que estamos en cuarentena, se han destruido más de 120 mil hectáreas de árboles, repartidas entre 11 provincias. Más de 9000 hectáreas de bosque en Santiago del Estero, más de 3000 en Formosa y en Salta, y casi 2000 en Chaco. En el Delta del Paraná, en los últimos 4 meses se quemó una superficie de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados, el equivalente a tres veces la superficie de Rosario y más de dos veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. La emergencia ambiental en la zona ya había sido declarada por el ministerio de ambiente de la nación el 13 de junio cuando la superficie arrasada era de poco más de 250 kilómetros cuadrados. La resolución oficial enunciaba que quedaba prohibida toda quema en la zona durante los próximos 180 días. Además, la provincia de Entre Ríos debía aportar los datos catastrales y la titularidad dominial a fin de identificar los propietarios de las zonas afectadas en el marco del plan de fiscalización.
Nuestro delta del Paraná, el norte cordobés y diversos puntos del país describen un verdadero mapa del fuego que aumenta la angustia de toda la población al agravar un panorama complejo a nivel económico, sanitario y social. En Rosario las manifestaciones continúan incrementándose, con congregaciones que exigen el urgente envío de asistencia, control e investigación de la situación junto a la demanda de una solución sostenible para una región de vital importancia para todos. A pesar de esto, los incendios continúan y las respuestas no llegan. Hace unos días la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Rosario debió evacuar la estación de peaje del puente Rosario-Victoria debido a la cantidad de humo presente en la zona e incluso la asamblea de vecinos y ecologistas decidió mantener el corte hasta que “haya una solución y detengan los incendios en las islas del delta”. Este es solo un ejemplo de las tantas consecuencias que trae un desastre natural como este para la población y el ecosistema. Tan solo si analizamos el efecto de estas quemas a nivel forestal, el efecto sobre especies autóctonas es muy severo: en la zona del delta encontramos el bosque fluvial mixto, constituido por especies como el sauce criollo, el aliso de río, etc. Por otro lado, la selva ribereña actualmente es delictual y está compuesta por leñosas como la palmera pindó, el ingá, la anacahuita y el sauco; todas estas especies se encuentren en una situación realmente grave debido a la persistencia de focos de incendio.
El efecto ambiental de estas quemas repercute en diferentes frentes:
- La pérdida de vegetación y sombreado con su consecuente incremento de la temperatura debido al cambio en la composición de la región y el incremento de malezas.
- Perdidas de bancos de semillas.
- Destrucción de biodiversidad. Se pierde vida silvestre y se atenta contra la supervivencia de la misma, debido a que se destruyen también nidos, crías, etc.
- Los suelos se degradan debido al fuego y su efecto de remoción sobre la biomasa verde. La composición del agua y los suelos se ven modificadas por el efecto de los residuos derivados de la quema, como las cenizas. La desertificación del humedal junto con el crecimiento de iniciativa agroganadera (“pampeanizacíon) conjuran una situación crítica para las regiones afectadas.
- Incremento de dióxido de carbono, principal amenaza frente al efecto invernadero, debido a la quema y la liberación de gases atmosféricos.
En respuesta a esta situación insostenible, la sociedad exige el compromiso del estado con el cuidado de nuestro territorio: La ley de humedales se presenta como la medida a tomar frente a un panorama realmente alarmante.
La ley de humedales propone la creación de instrumentos para la gestión y el ordenamiento territorial con criterio ambiental y procesos participativos con valores ecológicos y la vinculación con el ecosistema basado en un intercambio sostenible con el medioambiente que logre la explotación de los servicios ambientales bajo un nuevo paradigma productivo.
Esta ley no es una medida aislada, sino que deberá articularse con otras ya vigentes como la ley de bosques y la ley de glaciares, que cobran especial relevancia en un momento en el que somos espectadores de las consecuencias globales del mal manejo de nuestros recursos y el efecto que tiene en todo el planeta cada acción que realizamos. Precisamos establecer criterios que empleen estas medidas legislativas en virtud de preservar las riquezas naturales y sus beneficios para nuestro país a nivel social, sanitario y económico y por sobre todo, proteger nuestro derecho a un ambiente saludable.
