Es de público conocimiento que mientras nos encontramos confinados en nuestros hogares para evitar la propagación del Covid-19, la naturaleza aprovecha el respiro para reconstruirse y los animales vuelven a participar de los ecosistemas que usualmente se encuentran altamente contaminados por la actividad humana. Pero ¿Es madre tierra la única que aprovecha la situación o las clases políticas de nuestro país llevan a cabo comportamientos similares?
Emisión montearía desmedida, sobreprecios en la compra de insumos públicos, liberaciones injustificadas de convictos procesados por delitos graves relacionados al abuso sexual, asesinato o privación ilegitima de la libertad, arribos de médicos extranjeros de origen cubano, con credenciales medicas y calificaciones nulas para poder ejercer o practicar cualquier servicio de salud en Argentina, son algunos de los ejemplos que se hicieron públicos en este tiempo. Pero, ¿Eso es todo? ¿Qué pasa con la creación y designación de cargos públicos en las oficinas del Estado como es el caso de ACUMAR?
El 15 de Abril, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), presidida por Martin Sabbatella, público en una resolución su nuevo organigrama. En este observamos la creación 21 nuevas unidades administrativas, consistentes en: 2 direcciones ejecutivas, 5 direcciones, 1 coordinación general, 12 coordinaciones y una unidad adjunta de auditoría interna.
Por un lado, la utilidad efectiva de la creación de estas unidades no queda muy clara luego de lectura exhaustiva de dicha resolución, ya que no se especifica cuáles son los objetivos que se persiguen o las ventajas comparativas que se esperan obtener para determinar su creación. Con respecto a lo presupuestario, dado que ACUMAR no hace pública su escala salarial resulta imposible saber a ciencia cierta cuál es el costo de estas nuevas designaciones, pero comparando con sueldos de cargos similares en otras oficinas del estado, podemos estimar que estas nuevas adjudicaciones le costaran a nuestro erario público unos 17 millones de pesos anuales, sin tener en cuenta los aumentos salariales programados para este año y la designación de nuevos cargos que se desprendan de estas nuevas unidades.
Es decir, en plena pandemia, donde el confinamiento obligatorio está poniendo en riesgo las estructuras de nuestro sistema económico y en donde se le pide a la población esfuerzos mancomunados para sobrellevar la situación de la mejor manera posible, se asignaron al menos 21 nuevos cargos nuevos que le costaran a nuestro erario público alrededor de 17 millones de pesos anuales, cuya utilidad al proceso de saneamiento del riachuelo es muy cuestionable, más teniendo en cuenta que hablamos de un organismo que en 13 años no realizo casi ningún avance.
El parate mundial que provoca esta pandemia es una excelente oportunidad para repensar modelos de producción sustentable y el cuidado que debemos ejercer sobre medioambiente si deseamos que sea sostenible a lo largo del tiempo. ACUMAR surgió para buscar una solución a una problemática grave cuyo panorama hoy, 13 años después, es cada vez más oscuro. Todas las decisiones que se tomen en su entorno deben tener por fin último la descontaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, pero este tipo de acciones lejos de abogar por los derechos medio ambientales, parecen solo responder a intereses políticos y monetarios.
