Persecución, abusos, discriminación. Estas palabras describen la política de sustancias que Argentina tiene desde hace 30 años ¿Cuáles han sido las consecuencias de una política basada en el prohibicionismo y la persecución?
El “enforcement” de esta política rápidamente tuvo un sesgo clasista. Aquello sobre donde más se hace sentir la represión policial son las poblaciones de bajos recursos. No es ninguna novedad decir que no es lo mismo fumar un porro en Palermo que fumar un porro en la puerta de una villa. Con la excusa de la “lucha contra el narcotráfico” las fuerzas de seguridad persiguen y hostigan a las clases más empobrecidas transformando a la política de drogas en una política contra los pobres.
Así toma forma la estigmatización de la pobreza. En lugar de atacar y perseguir a los puntos de origen y distribución de sustancias peligrosas atendemos a la criminalización y persecución de los usuarios. Usuarios que no son responsables de los perjuicios que puede llevar la producción de sustancias ilegales y que en la mayoría de las ocasiones eligen consumir en la intimidad de sus hogares sin buscar el perjuicio ajeno. Así no combatimos el narcotráfico, solo ajustamos sobre el eslabón más débil.
Es clave entender que no todo productor es parte de una red de narcotráfico. Cada vez aparecen más productores autónomos que cultivan cannabis de la misma forma que cultivan tomates y limones, para su propio consumo. Estos no buscan ningún tipo de comercialización. Es más, conscientes de los problemas que conlleva el narcotráfico han elegido saltearse ese paso del circuito productivo.
A su vez, con la aparición de nuevos productores se ha diversificado el perfil del usuario. El cannabis no es una sustancia que consumen únicamente jóvenes, sino que cada vez incorpora usuarios de mediana y tercera edad. Esto se debe gracias a la popularización de derivados del cannabis en el tratamiento de dolencias graves y crónicas. Cada vez son más personas las que encuentran en los derivados de esta planta una herramienta para vivir sus vidas de forma plena y con normalidad.
Si este es el contexto, ¿Cuál es la política de sustancias que nosotros tenemos? ¿Acaso queremos como sociedad estar persiguiendo a jubilados que encuentran en el cannabis la cura para su dolor? ¿O debemos perseguir al cultivador que cansado de un producto de mala calidad y adulterado incorporó al cannabis su huerta?
Necesitamos pensar que la discusión en última instancia es sobre que hacemos nosotros en nuestra intimidad. Y si acaso es competencia del Estado violar nuestra privacidad si en nuestras acciones no perjudicamos a nadie. Lo que discutimos es la construcción de un derecho fundado en la libertad de las personas a poder desarrollarse, a poder buscar lo mejor para sí y hacer de su tiempo el mejor uso que crean posible.
Si pensamos la discusión en estos términos es evidente que el problema no son las sustancias en sí sino que el problema es el narcotráfico. No sólo el narcotráfico es una vía de financiación fundamental de las organizaciones criminales, sino que tampoco opera de forma ética. La clandestinidad que requiere el narcotráfico habilita a sus agentes a cobrar precios exorbitantes por productos, que como vimos, pueden ser de uso terapéutico. Esta misma clandestinidad que los libera de cualquier tipo de control o transparencia sobre la integridad y calidad del producto que venden. El narcotráfico en una última instancia afecta al usuario que no puede contar con el resguardo del Estado.
Esta ley que regula cuales son las sustancias permitidas y las que no lo hace a partir de entender que existen ciertas sustancias que su consumo son peligrosos y dañinos para la salud. Sin embargo, es claro que toda sustancia trae consigo un cierto grado de peligrosidad. Esto termina mostrando que existen prejuicios sobre las sustancias “peligrosas” ¿Por qué no consideramos peligrosas también el azúcar y la harina? Argentina es de los países de la región no solamente que más consumen estos productos sino que además es de los países con más dolencias asociadas a estos. Una polítca que regule y controle la presencia de estas sustancias para garantizar la salud de niños, jóvenes y adultos se muestra más que necesaria.
Es evidente que nuestra política sobre el control de sustancias ha traído más problemas que soluciones, no se ha podido adaptar a los nuevos tiempos que corren y además se volvió punta de lanza de la criminalización de la pobreza.
Para poder seguir discutiendo y pensando estos problemas mañana en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires vamos a presentar un dossier con textos especializados bajo el título “A pesar de los 30 años de la ley de drogas N°23737. Desventuras y añoranzas”. La cita será desde las 15:30 en el auditorio de la Defensoría en el primer piso de Belgrano 673.
Estamos repensando nuestra relación con las sustancias y este es un debate que no nos podemos perder.
