Este viernes 12 de julio se realizó la décima audiencia pública por el saneamiento del Riachuelo. La misma fue convocada por la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente designado en el 2009 por la Corte Suprema de Justicia para coordinar el saneamiento del problema ambiental más grande que tiene hoy el país.
En la cuenca viven más de 4 millones de personas, pertenecientes a Provincia y Capital, de las cuales se estima que un 96% corre riesgo debido a la contaminación del agua.
Junto con una multitud de vecinos indignados, la Defensoría participó y señalo los más de diez años en los que no se realizó avance alguno sobre la catástrofe ecológica que es el Riachuelo. La Defensoría marcó tres ejes fundamentales en su denuncia:
· El ajuste que el Gobierno realizo este año en materia ambiental y particularmente sobre ACUMAR (cuyo presupuesto fue reducido en un 29%).
· El bajísimo nivel de exigencia que ACUMAR impone a las empresas contaminantes.
· La falta de estadísticas sobre la situación ambiental de la cuenca
A 11 años del fallo de la Corte Suprema, no cabe lugar a dudas de que la gestión de ACUMAR es un fracaso rotundo. Para hacerse una idea el año pasado Dorina Bonetti,en ese momento presidenta de ACUMAR, reconoció ante la Corte Suprema que la situación había empeorado ampliamente no solo desde el 2008 sino también desde el inicio de su gestión como presidenta.
¿Como se explica semejante parálisis por parte de ACUMAR? Económicamente hablando el problema no es solo que falta presupuesto, sino que también ACUMAR subejecuta sistemáticamente los fondos que se le asignan. Las autoridades del ente parecen pensar simultáneamente que le sobran recursos pero que la tarea es demasiado grande como para ser abordada ¿Es que acaso no podrían destinar esos fondos a la construcción de viviendas, servicios básicos y facilitación de créditos para las familias que residen la cuenca? ¿O acompañar financieramente la transformación de la estructura productiva a formas más ecológicas y la relocalización de las empresas contaminantes? ¿O contratar ingenieros y técnicos para buscar una forma de sanear el rio? ¿No se podría, como mínimo, realizar muestras de suelo, agua, sangre y orina que permitan entender cuál es la situación actual?
El problema tampoco se debe a una falta de capacidad política. La Corte le otorgo a ACUMAR autoridad sobre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el de Provincia de Buenos Aires, las familias y empresas que residen en la cuenca. Es decir que, en lo relacionado a la cuenca, ¡ACUMAR se encuentra por encima de los gobiernos provinciales!
El diagnóstico es claro, existe una falta de voluntad por parte del ente para solucionar la situación que se le encargo solucionar.
Igual de cierto es que, excepto por las audiencias anuales, no existe ningún organismo que se encargue de realizar un seguimiento para asegurarse de que ACUMAR cumpla con sus objetivos.
El fallo de la Corte Suprema de la Nación otorgaba al Defensor de la Nación este rol, sin embargo, el mismo se encuentra sin designar desde hace una década. Por eso desde la Defensoría CABA, venimos pidiendo año tras año que o se designe a alguien en el cargo o se le confiera este papel al Defensor de la Ciudad. Es evidente que ACUMAR debería rendir cuentas durante la totalidad del año y no únicamente por las 4 horas que dura la audiencia pública.
Es importante no perder la voluntad de transformar y no resignarse. La tarea es difícil pero no imposible. Saneamientos de similar envergadura fueron realizados en otros lugares del mundo. En abril de este año, por ejemplo, el rio Hudson de Nueva York (gravemente contaminado desde los 40s) fue declarado oficialmente saneado por la Enviromental Protection Agency (EPA). Si existen los recursos, la capacidad, las experiencias ¿Qué estamos esperando?
