Nos hicimos presentes en la Audiencia Pública por el aumento de tarifas de parquímetros y accaréos para exponer la posición de la Defensoría del Pueblo.
Luego de escuchar la propuesta de la empresa concesionaria pudimos contar cuales son algunas de las preocupaciones que tenemos desde la Defensoría del Pueblo.
Aunque desde la empresa prestadora de servicio se promete la renovación de los parquímetros con nuevos dispositivos creemos que es una medida que no supone una mejora considerable del servicio. Ciudades como La Plata y Rosario hoy utilizan aplicaciones móviles en lugar de los típicos parquímetros y cospeles.
En el presupuesto para el 2019 el gobierno porteño ha decidido otorgarle 1300 millones de pesos al area responsable por los parquímetros mientras que ha reducido el presupuesto destinado a colectivos, subterraneos y otros medios de trasnporte. Con esta marcada diferecia de recursos se hace imposible poder pensar una política integrada.
Actualmente la ley por la que se rigen las empresas responsables por los parquímetros y del acarreo de vehículos es inconstitucional. Esta ley fue aprobada con un número insuficiente de votos. El hecho de que hoy permitamos que esta situación se mantenga y perdure en el tiempo supone una falta grave a la ley y una tomada de pelo a los porteños.
Parece que la intención última del gobierno no es la de brindar un servicio efectivo y organizado para regular el transporte. Al contrario, pareciese que existiese un interés en mantener una concesión ilegal y mantener su financiamiento a partir de los aportes de los ciudadanos.
