Hace años que en el país se da una batalla silenciosa. La batalla por la universidad pública. De un lado de la arena nos encontramos aquellos que tenemos la férrea convicción de que una universidad abierta, publica, democrática y laica es no solo una herramienta crucial para la creación de conocimiento sino que también para la profundización de la igualdad. Del otro lado encontramos sectores convencidos de que las ideas tienen un valor y puede ponérsele un precio. Sobrevive la idea de que la universidad no sirve como un espacio de formación sino que es un instrumento en el camino para obtener alguna especie de título de valor relativo.
Afortunadamente, las voces que exigían a los gritos el arancelamiento – y la progresiva privatización- de las universidades públicas hace bastante que no se atreven a aparecer en público. Pero esto no significa que la discusión este ganada. Al contrario esto ha forzado a estas expresiones a buscar nuevas vías para hacerse lugar en la sociedad. Es así como cada vez más frecuentemente aparecen voces denunciando a las universidades públicas como vertederos de dinero, condenando a los investigadores y ridiculizando a los que tenemos un compromiso con la educación.
Creo que todos compartimos que la educación se constituye como el primer paso hacia una vida más libre, más autónoma, más juiciosa. Todos deseamos para nosotros y nuestros hijos la mejor educación posible. Sin embargo hay quienes insisten en querer alejarnos de nuestro derecho a la educación. En poner trabas -sean formales o económicas- al acceso a establecimientos educativos y que buscan terminar con una tradición democrática que este año cumple 100 años en nuestras universidades.
Pero acaso, ¿es que no existe forma de defender estos derechos conquistados? Afortunadamente, si. Es preciso contar con el compromiso efectivo de quienes creemos que la universidad y la educación son la primer herramienta para la movilidad y la transformación social. A partir de ahí es posible profundizar políticas que permitan más libertades para ingresar a la universidad, más espacios de integración de esta con la sociedad y una profundización de su democracia interna.
En la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tenemos un compromiso con los derechos y con la educación. Por este motivo hemos elaborado una guía de derechos universitarios a fin de que todos conozcan cuales son los derechos que lo amparan y que garantizan su acceso a la universidad, así como también, cuales son los trámites que debe realizar para ingresar. La educación universitaria es un recurso con el que contamos todos y nadie puede privarse -o ser privado- de la posibilidad de formarse.
Sigamos defendiendo la educación, sigamos profundizándose los pilares sobre los que se erige. No permitamos que la amenacen o que nos la roben. Educación pública, laica y gratuita: siempre!
