Se trata de un protocolo que atenta contra los derechos de los
estudiantes, no se ajusta a las normativas vigentes y además, intenta eliminar algunas
de las instancias que tiene nuestro sistema educativo para pensarse a sí mismo y así
poder mejorar.
Entendemos desde esta adjuntía que el gobierno debería enfocar su
energía en construir puentes de diálogo que tiendan a generar consensos, no así en
buscar mecanismos que intenten desactivar las manifestaciones y protestas que se
manifiesten en contra de ciertas medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. El año pasado se suscitó el mismo debate, la ola de protestas-tomas se
originó a raíz del anuncio de la reforma del Nivel Medio que se llamó “Secundaria del
Futuro”. Frente a esto los alumnos, además de posicionarse en contra de la reforma,
denunciaban que no habían sido consultados al respecto.
Además, en el año 2016, se sufrió también una masiva protesta-
toma en las escuelas medias públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en oposición al
Operativo Aprender. Respecto de esta conflictividad creciente, el GCBA respondió con
un polémico protocolo de acción frente a las tomas de las escuelas que fue criticado,
denunciado, amparado, modificado y ahora rehabilitado.
La criminalización de la protesta es un mal que se viene dando en la
Argentina hace varios años (resultaron tanto la Ley Antiterrorista (N° 26.734), como el
“Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones
Públicas”). Una salida política optada por el Estado al dilema de la confluencia de dos
derechos: el de circular libremente y el de protestar y reclamar. Ambos derechos
constitucionales, parecen entrar en riña por las avenidas porteñas, cada vez más
seguido.
En un segundo plano resulta prudente advertir que las agrupaciones
estudiantiles deberían manifestar su intención de generar consensos y buscar
soluciones creativas para sus reclamos. Tal vez sea hora de reconocer debilitada, por el
abuso, la herramienta política de la toma, ya que no genera la adhesión del resto de la
sociedad, sino todo lo contrario.
Nos ponemos a disposición a nosotros mismos y al organismo del
cual, esta adjuntía forma parte, para contribuir al debate que hace falta y construir la
generación de consensos que nuestro sistema educativo necesita en todo el país, pero
fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires.
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